Por Juan Pablo Ojeda
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió este lunes 30 de marzo un dictamen técnico en el que descarta la existencia de operaciones financieras inusuales dentro de la estructura contable de las empresas «Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.» y «Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.». La resolución oficial exonera de responsabilidades administrativas en territorio nacional a las entidades corporativas registradas por Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que la conclusión se deriva de un cruce de datos en las bases del sistema financiero mexicano. El proceso de auditoría se activó como respuesta directa a la difusión de información periodística que vinculaba el capital constitutivo de estas personas morales con individuos sujetos a procesos judiciales en el extranjero.
El análisis métrico de la UIF se enfocó en el periodo comprendido entre enero y abril de 2021, lapso en el cual se formalizó la creación de ambas sociedades anónimas. Los algoritmos de seguimiento y los mecanismos de análisis propios de la unidad no arrojaron alertas sobre flujos de capital que encuadren en las tipologías de operaciones con recursos de procedencia ilícita estipuladas por las leyes mexicanas.
El diario El Universal documentó previamente que la estructura accionaria de estas empresas incluye a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland. Los registros judiciales citados en dicha investigación indican que ambos individuos enfrentan actualmente cargos formales por presunto lavado de dinero en el sistema de justicia de los Estados Unidos.
La UIF fundamentó su resolución argumentando un estricto apego al marco legal aplicable. La dependencia federal especificó que el rastreo de los activos se ejecutó garantizando el resguardo del secreto bancario, un candado legal que impide la divulgación pública de los montos exactos y las transferencias interbancarias analizadas durante el escrutinio.
En el ámbito preventivo, la SHCP precisó que la UIF mantiene un esquema de evaluación permanente de los reportes emitidos por entidades financieras (bancos, casas de bolsa) y de los avisos de actividades vulnerables. Este monitoreo continuo constituye la herramienta principal del Estado mexicano para la identificación de anomalías en el volumen o la frecuencia de transacciones corporativas.
El pronunciamiento concluye con un aval del Gabinete de Seguridad, el cual refrendó el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte de las autoridades hacendarias. Este respaldo institucional cierra administrativamente la revisión del caso en México, desestimando la necesidad de congelamiento de cuentas o de interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).