Por Bruno Cortés
En el Congreso, pocas cosas levantan tantas cejas como la idea de reabrir juicios que ya fueron resueltos. Y Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, salió a dejarlo clarísimo: meterse con la “cosa juzgada” es jugar con el piso parejo del sistema jurídico mexicano. Dicho de otra forma, si en México algo está decidido por un juez después de todo el proceso legal, no debería volver a abrirse, porque eso rompería la certeza de cualquier resolución.
Monreal explicó que el concepto de “cosa juzgada” no es ocurrencia ni capricho, sino una figura que está respaldada directamente por los artículos 14 y 17 de la Constitución. Es lo que evita que un juicio terminado vuelva a empezar y que las personas tengan que defenderse una y otra vez por lo mismo. Si eso se mueve, dijo, el país se mete en un terreno donde nadie sabría cuándo un asunto está verdaderamente cerrado, lo que generaría incertidumbre, desgaste y hasta desconfianza en el sistema de justicia.
El diputado fue contundente: reabrir juicios ya concluidos “rompería la seguridad jurídica” que ha regido en México por décadas. Incluso advirtió que no es sano que la Suprema Corte dé un paso en esa dirección, porque abriría la puerta a que particulares volvieran a litigar casos ya sentenciados. Por eso pidió a la Corte actuar con prudencia y no trastocar principios diseñados para darle estabilidad al Estado de derecho.
Pero el mensaje no se quedó ahí. Monreal también tocó otro tema caliente: la reciente resolución de la Suprema Corte que permitiría que representantes de pueblos y comunidades indígenas participen con voz y voto en todos los asuntos de los ayuntamientos. Para él, la Corte está yendo más allá de lo que dice la Constitución. Argumentó que el artículo 2° sólo permite su participación en temas que les afecten directamente, no en todo el funcionamiento del municipio.
Desde su perspectiva, si se quiere ampliar ese derecho, tiene que pasar por donde corresponda: por el Congreso de la Unión o por una reforma constitucional. La Corte, dijo, no puede modificar por sí sola los límites del federalismo ni la estructura del municipio establecidos en el artículo 115. En pocas palabras, “cada poder en lo suyo”.
Esta postura no es nueva en Monreal. Él mismo recordó que desde hace años ha insistido en que la Corte debe respetar los límites constitucionales y no invadir facultades del Legislativo. No se trata de un pleito personal, según dice, sino de defender el equilibrio entre poderes que evita que uno decida cosas que le corresponden a otro.
El mensaje deja ver una tensión constante en la política mexicana: ¿hasta dónde puede interpretar la Corte y hasta dónde debe legislar el Congreso? Para Monreal, la línea es clara: cuando se trata de cambiar reglas de fondo, el único que puede hacerlo es el legislador. Y en medio de esa discusión, la estabilidad de la justicia y el diseño del país están en la mesa.