Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se está moviendo una iniciativa que toca un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene impacto directo en la vida diaria: el manejo de sustancias peligrosas. El diputado del PVEM, Mario Alberto López Hernández, quiere endurecer las reglas del juego para quienes contaminan o manejan estos materiales sin control.
La propuesta va directo al Código Penal Federal y, en pocas palabras, sube el costo de hacer las cosas mal. Hoy, las penas pueden arrancar desde un año de cárcel, pero con esta reforma se busca que el castigo mínimo suba a cinco años, manteniendo el tope en nueve. Además, las multas también aumentan de forma importante, lo que apunta a pegar no solo en lo penal, sino también en lo económico.
¿De qué estamos hablando exactamente? De actividades como almacenar, transportar, desechar o incluso abandonar sustancias peligrosas sin medidas de seguridad. Esto incluye desde químicos industriales hasta residuos electrónicos o aceites usados, que muchas veces terminan contaminando suelo, agua o aire.
El punto de fondo es que la ley actual se quedó corta frente a los problemas de hoy. La contaminación industrial, el manejo de residuos y los riesgos en zonas urbanas ya no son los mismos de hace años. Por eso, la iniciativa busca cerrar huecos legales que, en la práctica, permiten que algunos evadan responsabilidades.
Hay un elemento clave: las áreas naturales protegidas. Si estos delitos ocurren en esos espacios, las sanciones se endurecen todavía más, con años adicionales de cárcel y multas más altas. La lógica es simple: no es lo mismo contaminar en cualquier zona que hacerlo en ecosistemas que ya están bajo protección.
Desde la perspectiva de política pública, esta reforma no solo busca castigar, sino prevenir. Es decir, mandar una señal clara a empresas y particulares de que manejar sustancias peligrosas implica responsabilidad real. Aquí entra el concepto de “quien contamina, paga”, pero llevado al terreno penal.
Además, la propuesta se alinea con otras leyes ambientales y con compromisos internacionales de México, lo que busca darle coherencia a todo el marco legal. Porque uno de los problemas más comunes es que las normas existen, pero no siempre están conectadas entre sí.
Al final, lo que se intenta es actualizar las reglas para un contexto donde los riesgos ambientales son cada vez más complejos. La discusión ahora pasa a la Comisión de Justicia, donde se verá si esta propuesta avanza o se queda en el camino.
Lo cierto es que el mensaje político es claro: contaminar o manejar mal sustancias peligrosas ya no debería salir barato. Falta ver si el Congreso logra convertir esa intención en una ley que realmente se cumpla.