En medio del jaloneo político por el llamado “Plan B” de la reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, salió a poner un punto sobre la mesa que puede parecer técnico, pero que en realidad toca el corazón de cómo funciona la democracia en México: ¿puede un presidente promover el voto a su favor en una revocación de mandato?

Dicho en palabras simples, la revocación de mandato es como una especie de “evaluación ciudadana” a mitad del sexenio. La gente decide si el presidente se queda o se va. Hasta ahí todo suena claro. El problema, según López Rabadán, es que la propuesta de reforma sí deja abierta la puerta para que quien esté siendo evaluado —es decir, la propia presidenta— pueda hacer campaña para que voten por ella.

Y ahí es donde se prende la alerta. Porque no es lo mismo defender tu gestión explicando lo que hiciste, que usar la estructura del poder para promover directamente el voto a tu favor. La diputada lo resume así: una cosa es argumentar y otra muy distinta es hacer campaña.

Lo que generó más ruido es que desde la Presidencia se dijo que no habría este tipo de promoción, pero el texto de la iniciativa, según la legisladora, sí lo permite. Por eso está pidiendo algo básico en política pública: claridad. Que se deje bien escrito qué sí se puede hacer y qué no, para evitar interpretaciones que después generen conflictos o ventajas indebidas.

Este tipo de detalles no son menores. En el Congreso, una palabra puede cambiar todo el sentido de una ley. Y en este caso, definir si alguien puede “promover” el voto a su favor en un proceso de revocación puede inclinar la cancha en una consulta que, en teoría, debería ser totalmente imparcial.

En paralelo, López Rabadán también reconoció que se corrigiera otro punto delicado del Plan B: la eliminación de la paridad de género. Es decir, ese principio que obliga a que haya equilibrio entre hombres y mujeres en cargos públicos. Que se haya admitido el error, dijo, no solo fue correcto, sino necesario para no retroceder en derechos políticos de las mujeres.

Mientras tanto, en San Lázaro también se está cocinando otro tema clave: la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aquí el reto es lograr un acuerdo entre todos los partidos, algo que no siempre es sencillo, pero que es fundamental para darle legitimidad al árbitro electoral.

En pocas palabras, lo que está pasando no es solo una discusión entre políticos. Es un debate sobre las reglas del juego democrático: quién puede hacer qué, en qué momento y bajo qué condiciones. Y como suele pasar en el Congreso, el detalle fino —una frase, una palabra— puede terminar definiendo todo.

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