Por Juan Pablo Ojeda
En una decisión que refleja cómo el crimen organizado mexicano ya es visto como una amenaza internacional, el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como grupo terrorista.
La medida no es solo simbólica. Al incluir al CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo, el Estado argentino activa una serie de herramientas legales que permiten congelar activos, restringir operaciones financieras y limitar cualquier tipo de apoyo económico relacionado con esta organización. En términos prácticos, busca cerrarles el paso en el sistema financiero.
Este tipo de decisiones están alineadas con compromisos internacionales en materia de combate al terrorismo y su financiamiento. Es decir, no se trata únicamente de una política interna, sino de un esfuerzo coordinado con otros países que ya han clasificado a ciertos grupos criminales bajo esta categoría para reforzar la cooperación en seguridad.
El trasfondo es claro: el CJNG, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico en México, ha expandido su influencia más allá de las fronteras, lo que obliga a otros gobiernos a tomar medidas. Desde la perspectiva de política pública, clasificarlo como organización terrorista eleva el nivel de respuesta institucional, ya que permite aplicar sanciones más severas que las utilizadas contra el crimen organizado convencional.
La decisión también se da en un contexto reciente marcado por la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, considerado durante años uno de los criminales más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Este hecho no elimina la estructura del grupo, pero sí reconfigura su operación y liderazgo.
Lo relevante aquí es el mensaje: el combate al narcotráfico ya no se limita a acciones policiales o militares dentro de un país, sino que se está trasladando a terrenos financieros, legales y diplomáticos. Y en ese escenario, decisiones como la de Argentina buscan cortar las redes económicas que sostienen a estas organizaciones.
Así, lo que parece una medida lejana tiene implicaciones directas para México, porque confirma que el crimen organizado nacional ya forma parte de la agenda global de seguridad, con consecuencias que van más allá de sus fronteras.