Por Juan Pablo Ojeda
La reciente operación federal en Sinaloa no solo dejó enfrentamientos y aseguramientos, también puso en el centro de la atención a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada, quien fue retenida momentáneamente por fuerzas federales y posteriormente liberada al no existir órdenes de aprehensión en su contra.
De acuerdo con lo explicado por Omar García Harfuch, la presencia de Zambada Niebla se dio durante un operativo en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, donde autoridades federales realizaban acciones contra una célula delictiva vinculada a la facción conocida como “Los Mayos”. En ese contexto, la mujer fue puesta bajo custodia temporal junto con una menor de edad, principalmente para verificar su situación legal.
En términos sencillos, no se trató de una detención formal. Fue una medida preventiva mientras se revisaba si existía algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos. Tras confirmar que no había ninguna orden vigente, las autoridades procedieron a liberarla y entregarla a sus familiares.
Un punto relevante es que, aunque su nombre aparece desde hace años en listados de autoridades estadounidenses, específicamente en registros de carácter administrativo, esto no equivale a una acusación penal activa. Es decir, puede haber señalamientos o restricciones financieras, pero no los elementos legales necesarios para detenerla.
El operativo en el que ocurrió este episodio fue parte de una estrategia más amplia de seguridad. Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Marina fueron atacados, lo que derivó en un enfrentamiento donde murieron 11 presuntos integrantes del grupo criminal. Además, se aseguraron armas de alto calibre y equipo táctico.
El caso de Zambada Niebla refleja un punto clave en la política de seguridad: la diferencia entre estar vinculado por entorno o apellido y tener responsabilidad penal directa. En operativos de este tipo, las autoridades están obligadas a actuar con base en pruebas y órdenes judiciales, no solo en presunciones.
Así, más allá del impacto mediático, el episodio deja ver cómo incluso en acciones contra el crimen organizado, el margen de actuación del Estado está definido por la ley, lo que puede derivar en decisiones como una liberación inmediata, aun en contextos de alta tensión.