Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional para unificar la definición y las sanciones del delito de abuso sexual en los 32 estados del país, luego del episodio reciente en el que la presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada durante una caminata en el Centro Histórico. La medida, presentada como un eje central de la política contra la violencia hacia las mujeres, busca que todas las entidades adopten la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal y actúen bajo los mismos criterios para prevenir, denunciar y castigar este delito.
Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, explicó que la reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de carácter sexual sin consentimiento —desde tocamientos y roces hasta exhibiciones o representaciones explícitas— y aumenta las penas a un rango de tres a siete años de prisión. También contempla multas de 200 a 500 UMA, talleres reeducativos con perspectiva de género y servicio comunitario para agresores. La funcionaria insistió en que esta transformación legal busca dar certeza y protección a las víctimas: “Las mujeres deben sentirse más seguras, deben denunciar y la justicia debe avanzar”.
Según Hernández, 22 congresos estatales ya presentaron iniciativas locales para homologarse a la reforma; una de ellas fue aprobada en comisiones, y diez más ingresarán este martes sus propuestas como acto simbólico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El compromiso —subrayó— es que los 32 congresos estatales actualicen su legislación para evitar vacíos y disparidades en la procuración de justicia.
En el #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, arrancamos la difusión de una campaña nacional contra el abuso sexual.
El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado.
#NoEsNormalEsViolencia pic.twitter.com/FJacuTn1wJ
— Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 25, 2025
El Gobierno también incluyó agravantes en la tipificación del delito. Las penas serán mayores cuando el abuso sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, exista violencia física o haya participación de más personas. De acuerdo con autoridades federales, esto permitirá atender casos que históricamente han quedado impunes por falta de claridad jurídica o diferencias entre códigos estatales.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, detalló que la homologación irá acompañada de un programa nacional de capacitación dirigido a fiscalías y tribunales, a fin de mejorar la atención a víctimas y los procesos de investigación —señaló que este es “el mayor reto” para garantizar justicia efectiva—. En paralelo, el Gobierno trabaja con secretarías de movilidad estatales para reforzar protocolos de actuación ante agresiones sexuales en el transporte público, uno de los espacios donde más se registran denuncias.
El panorama que acompaña estas reformas es contundente: 70.1% de las mexicanas mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sufrido violencia sexual. “No es una exageración. Es un problema estructural que requiere transformar leyes, instituciones y cultura”, afirmó Hernández, quien además destacó que la lucha contra la violencia machista no implica confrontación con los hombres, sino un cambio de fondo en la cultura y las prácticas sociales.
En el marco de esta estrategia, el Gobierno federal lanzó campañas permanentes contra el abuso sexual y la violencia digital, con mensajes dirigidos a la población masculina y enfocados en la prevención. Todos los gobernadores del país firmaron además un paquete de 10 compromisos para reforzar la protección y defensa de las mujeres desde sus respectivas administraciones.
La meta oficial es clara: que la homologación legal se convierta en un pilar para una respuesta más uniforme en el territorio nacional y que ninguna mujer encuentre un camino distinto hacia la justicia dependiendo del estado en el que viva.