En la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados arrancó una sesión que, aunque en el papel parecía de trámite, en los hechos marcó el inicio de una discusión de fondo sobre el rumbo político y electoral del país. Desde tribuna, la presidenta de la Cámara dejó claro que el Congreso se prepara para entrarle a dos temas clave: la agenda económica y la situación política de México, con la reforma electoral asomando ya en el horizonte.
Uno de los primeros acuerdos fue citar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que comparezca el próximo 26 de enero, como lo establece la ley. Pero el mensaje fuerte vino cuando se anunció una reunión con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para dialogar sobre las propuestas que el instituto ha enviado al Ejecutivo y el llamado “decálogo” de principios electorales presentado desde San Lázaro.
La legisladora explicó el asunto en términos sencillos: antes de cambiar las reglas del juego electoral, hay coincidencias que no se pueden ignorar. Ocho de diez puntos del decálogo coinciden con lo que plantea el INE, especialmente en temas que afectan directamente a la ciudadanía, como que todas las elecciones se jueguen en piso parejo, sin uso de programas sociales ni recursos públicos para presionar el voto. Dicho de otro modo, que nadie gane por meterle mano al dinero del gobierno o por amenazar a la gente con quitarle apoyos.
Otro punto central es que cada voto valga lo mismo, sin importar si se emite por un partido grande o uno pequeño. La diputada fue clara: no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Si todos pagan impuestos, todos merecen que su voto cuente igual. Esa idea, que suena obvia, será uno de los ejes de la discusión cuando la reforma llegue formalmente al Congreso.
También se puso sobre la mesa un tema incómodo pero urgente: el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en las elecciones. El mensaje fue directo: una elección financiada con dinero ilegal debe anularse y ningún candidato que reciba apoyo del narco debería llegar al poder. La reforma electoral, dijo, debe servir para cerrar la puerta a los cárteles y no para facilitarles el acceso a los gobiernos.
En medio de las preguntas, la presidenta de la Cámara recordó algo que no siempre se dice con claridad: en México, quien define las leyes es el Congreso, no el Ejecutivo ni los organismos autónomos. El INE puede proponer, los partidos pueden opinar, pero la decisión final la toman diputadas, diputados, senadoras y senadores. Por eso, subrayó, el decálogo no responde a intereses partidistas, sino a principios mínimos para proteger la democracia.
El tono subió cuando se le preguntó por la detención del rector de la Universidad de Campeche. Ahí la postura fue tajante: en México no puede haber perseguidos políticos. Si hay acusaciones, deben investigarse con pruebas y conforme a la ley, pero nunca como castigo por pensar distinto. Advertir sobre ese riesgo no es exagerado, dijo, es aprender de lo que pasa en países donde las instituciones se deterioran y la disidencia se castiga.
Finalmente, la legisladora llamó a reflexionar con cabeza fría sobre propuestas como juntar en una sola jornada la revocación de mandato, elecciones judiciales y comicios constitucionales. Mezclar todo, advirtió, puede generar confusión y restar certeza al voto. En política, concluyó, cuando hay desorden y ruido, suelen ganar los extremos y los intolerantes. Por eso, el debate que viene no es menor: de sus decisiones dependerá si México fortalece su democracia o da pasos hacia atrás.