Ni fueron todos los que marcharon, ni cualquiera pudo formarse en la fila de los pagos. El decreto presidencial para resarcir a los antiguos empleados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) estableció una barrera de entrada implacable: la comprobación estricta de una vida entera dedicada a mantener encendida la Ciudad de México.
Frente a la narrativa que intenta pintar esta política pública como un censo abierto al mejor postor o una estrategia para acarrear clientelas, los números del propio programa exponen una realidad sumamente filtrada. El universo de apoyo se acotó milimétricamente a un grupo que sufrió un despojo histórico de sus derechos pensionarios.
La regla de oro, inamovible en el papel y en la ventanilla, exigió que el aspirante demostrara contar con una antigüedad mínima de 19 años, seis meses y un día de servicio continuo. No hubo excepciones ni dispensas para quienes no lograran acreditar este tiempo de sudar la camiseta en las calles y subestaciones eléctricas.
Este parámetro no fue elegido al azar. Representa el tiempo exacto en el que, bajo las normativas vigentes hasta antes de octubre de 2009, la base trabajadora ya había generado el derecho adquirido a una jubilación digna antes de que un decreto de extinción los dejara literalmente en el limbo laboral.
Aquel domingo histórico, durante la administración de Felipe Calderón, miles de técnicos e ingenieros vieron truncado su futuro a escasos meses de alcanzar la meta. La reciente medida gubernamental busca resarcir específicamente a este sector demográfico, conformado hoy en día por adultos mayores que difícilmente encontrarían acomodo en la industria privada.
El proceso de verificación documental fue un auténtico dolor de cabeza para los interesados, pero un candado necesario para el Estado. Revisar hojas de servicio, semanas cotizadas y recibos de nómina con más de quince años de antigüedad garantizó que los recursos llegaran exclusivamente a quienes de verdad se ganaron el derecho con años de labor.
Los expertos en seguridad social aplauden este nivel de focalización. Al concentrar el esfuerzo financiero en las casi 9,000 personas que cumplían con el perfil técnico de prejubilación, se evitó la dispersión del presupuesto en perfiles que ya habían sido liquidados conforme a derecho en su momento.
Para la sociedad capitalina, que vivió de cerca el conflicto y los bloqueos, la claridad en el padrón brinda tranquilidad. Se desmonta el mito del cheque en blanco y se comprueba que el diseño del programa requirió una cirugía fina en las bases de datos de recursos humanos del extinto organismo.
A fin de cuentas, la justicia administrativa en este caso tuvo rostro de veteranía. Reconocer casi dos décadas de trabajo ininterrumpido a través de una compensación legal es una forma de saldar una deuda histórica del Estado, cerrando un capítulo amargo con estricto apego al tiempo laborado.