Los recursos legales fueron promovidos por representantes vecinales de demarcaciones como Álvaro Obregón y Benito Juárez, quienes señalaron presuntas irregularidades en la convocatoria, difusión y desarrollo de las asambleas organizadas en el marco de la consulta pública del PGD. Entre los casos documentados se encuentra la asamblea del 4 de marzo en Álvaro Obregón, así como otra realizada en la colonia Villa de Cortés.
De acuerdo con los promoventes, las convocatorias carecieron de mecanismos adecuados de difusión tanto en medios físicos como digitales, lo que habría limitado la participación ciudadana efectiva. Además, denunciaron la উপস্থিত participación de personas ajenas a las Copaco, lo que, a su juicio, vulnera el carácter representativo de estos órganos ciudadanos, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Los juicios fueron presentados ante instancias electorales y turnados al Congreso de la Ciudad de México la semana pasada, en un intento por frenar o reencauzar los foros organizados por legisladores y la Iniciativa de Planeación, señalados por los inconformes como responsables de la conducción del proceso.
En este contexto, los inconformes cuestionaron que los foros fueron acordados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero con participación mayoritaria de legisladores del partido Morena, lo que, aseguran, genera un sesgo en la deliberación pública y reduce la pluralidad en la discusión del instrumento de planeación.
Asimismo, representantes de diversas Copaco han denunciado previamente obstáculos en procesos participativos vinculados al PGD, incluyendo presuntas intimidaciones, falta de información clara y limitada apertura institucional. Estas situaciones, advierten, podrían afectar la legitimidad del proceso de consulta pública.
El conflicto también refleja tensiones entre autoridades locales y actores vecinales, en particular por señalamientos de que los foros podrían invadir atribuciones de las alcaldías y de los propios órganos de participación ciudadana. En ese sentido, algunos alcaldes han expresado su respaldo a las inconformidades vecinales, al considerar que no se han respetado los canales institucionales establecidos.
De acuerdo con el marco normativo vigente, el Plan General de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación en la Ciudad de México y debe construirse bajo principios de participación ciudadana, transparencia y legalidad, conforme a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo.
Hasta el momento, ni el Congreso capitalino ni las autoridades responsables de la planeación han emitido una postura oficial detallada sobre las impugnaciones, mientras el proceso de consulta continúa en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad.