La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó tres dictámenes que contemplan reformas al Código Penal local, en materia de amenazas, asociación delictuosa y lesiones por razones de género o prejuicio. Las propuestas fueron impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y legisladoras capitalinas con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las personas.
Durante la novena sesión ordinaria de la comisión, se destacó que estas reformas responden a problemáticas actuales vinculadas con la violencia, la delincuencia organizada y agresiones motivadas por razones de género, lo que requiere actualizar el marco legal local para garantizar mayor justicia y mejores herramientas de prevención e intervención. Las fuentes institucionales señalaron que el fortalecimiento del Código Penal forma parte de una estrategia integral de seguridad y protección ciudadana.
El primer dictamen aprobado corresponde a la reforma al artículo 209 del Código Penal, relativo al delito de amenazas, iniciativa presentada por la jefa de Gobierno y complementada con la propuesta de la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI). El documento señala que las amenazas constituyen una de las manifestaciones más frecuentes de violencia, pues generan intimidación y temor al colocar a las víctimas ante la posibilidad real o aparente de sufrir daños en su persona, patrimonio o entorno afectivo.
El presidente de la comisión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), subrayó que este delito se presenta con diversas modalidades y niveles de gravedad, por lo que las reformas buscan mejorar su definición y sanción. “Estas modificaciones contribuyen a garantizar la seguridad y la paz de las personas, protegiendo bienes jurídicos fundamentales”, afirmó.
El dictamen establece que la conducta de amenazar a otra persona con causarle un mal grave en su persona, bienes, honor o derechos podrá sancionarse con penas de uno a dos años de prisión, o bien con multas de noventa a trescientos sesenta días, dependiendo de la gravedad del caso.
El segundo dictamen aprobado se refiere a la reforma al artículo 253 del Código Penal local para incrementar las sanciones por asociación delictuosa. La propuesta, presentada también por la jefa de Gobierno, busca fortalecer la capacidad del Estado para perseguir estructuras criminales que operan de manera permanente y que afectan la integridad y seguridad de la ciudadanía.
De acuerdo con la reforma, quien forme parte de una asociación delictuosa podría enfrentar penas de cinco a diez años de prisión y multas de doscientas a dos mil unidades de medida y actualización. En casos más graves, las sanciones podrían aumentar hasta quince años de prisión y siete mil unidades de medida. Martínez Urincho afirmó que esta medida refuerza las acciones para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas frente a la delincuencia organizada.
El tercer dictamen aprobado contempla la reforma al artículo 131 y la adición del artículo 131 Bis, para que las lesiones cometidas por razones de género o prejuicio se tipifiquen de manera específica. La propuesta surge ante la necesidad de reconocer que este tipo de violencia busca reafirmar jerarquías y excluir a mujeres y personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas.
La reforma establece que la pena correspondiente a este delito se incrementará en dos terceras partes cuando las lesiones se cometan contra mujeres por razones de género, o contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, o características sexuales no normativas.
Las autoridades legislativas señalaron que esta disposición responde a la obligación del Estado de atender y erradicar la discriminación estructural que sostiene la violencia contra mujeres y comunidades de la diversidad sexual. Asimismo, se armoniza el marco legal con estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y derechos humanos.