Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que antes de que concluya el año su gobierno presentará un informe completo sobre el universo real de personas desaparecidas en el país. Explicó que la revisión se ha prolongado debido a fallas graves detectadas en la antigua plataforma donde se concentraban los reportes.
Según detalló, muchos registros carecían de información básica: nombres incompletos, ausencia de apellidos, falta de datos de contacto, dirección o sitio de desaparición. Aun así, eran contabilizados como casos confirmados. El gobierno realiza ahora un cruce entre estos reportes y los registros de las fiscalías estatales para determinar cuántos cuentan con carpeta de investigación o algún antecedente ante el Ministerio Público.
Sheinbaum señaló que este proceso implica integrar información de comisiones de búsqueda, fiscalías y ministerios públicos, tarea que se agiliza con apoyo tecnológico. El objetivo, dijo, es presentar con transparencia qué datos estaban completos, cuáles no, y cuántos casos tienen sustento legal.
La presidenta destacó que la nueva ley permite realizar búsquedas administrativas. Gracias a ello, por ejemplo, es posible preguntar al INE si una persona reportada como desaparecida realizó trámites posteriores a la fecha de su presunta desaparición. Cuando la respuesta es afirmativa, se contacta a familiares y se verifica la ubicación.
También aclaró que, con el nuevo marco legal, existe un plazo preciso para clasificar un caso como “no localizada” o “desaparecida”, lo que obliga a abrir carpetas de investigación. Sin embargo, las fiscalías no reportan diariamente, por lo que el proceso requiere tiempo para consolidar información fiable, incluyendo posibles vínculos con delincuencia organizada.
Además, Sheinbaum informó que el gobierno trabaja para frenar la captación de jóvenes por grupos criminales mediante acciones de inteligencia y cooperación con plataformas digitales, que han dado de baja múltiples páginas de reclutamiento ilegal. Se implementan también alertas en terminales de transporte foráneo, donde ya se exige identificación oficial para abordar autobuses en zonas de riesgo.
Entre otras medidas, destacó nuevas reglas para la compra de chips telefónicos, que ahora requerirán identificación para evitar su uso en extorsiones. Las empresas deberán resguardar estos datos y entregarlos a la autoridad cuando sea legalmente requerido en casos de desaparición o delitos asociados.
La presidenta afirmó que su administración mantiene un enfoque integral: depurar los registros, fortalecer las investigaciones y aplicar medidas preventivas en escuelas, universidades y centros deportivos, con el fin de reducir la vulnerabilidad de jóvenes ante el crimen organizado.