Por Juan Pablo Ojeda
El debate sobre las reglas electorales volvió a tensar al Congreso, y esta vez el protagonista fue Alejandro Moreno Cárdenas, quien salió a celebrar lo que considera una victoria clave de la oposición: frenar la propuesta para adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027.
Desde su lectura, lo que estaba en juego no era solo una fecha, sino la forma en que se compite políticamente en México. El líder del PRI aseguró que su bancada en el Senado votó en contra de la iniciativa impulsada por Morena, logrando evitar que este mecanismo coincidiera con el proceso electoral federal.
Para entenderlo fácil: la revocación de mandato es una consulta donde la ciudadanía puede decidir si un presidente continúa o no en el cargo antes de que termine su periodo. La propuesta buscaba adelantarla y hacerla coincidir con las elecciones de 2027. La oposición vio ahí un riesgo: que el gobierno pudiera aprovechar ese momento para influir en la contienda.
Moreno fue directo en su crítica. Acusó que la intención era meter al Estado en la campaña, es decir, que el aparato gubernamental tuviera un papel activo durante el proceso electoral, lo que podría romper el equilibrio entre partidos. Bajo esa lógica, el freno en el Senado —dice— protege la equidad de la elección.
El trasfondo es parte del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluye ajustes en materia electoral. Pero este punto en particular generó ruido incluso dentro del bloque oficialista. El Partido del Trabajo, aliado de Morena, decidió no acompañar la propuesta, lo que terminó por inclinar la balanza.
Esa división dejó ver algo importante en política: las coaliciones no siempre votan en bloque, y cuando hay fisuras, las reformas pueden caerse. Aun así, desde Morena, voces como la de Ignacio Mier Velazco minimizaron el impacto y aseguraron que la alianza sigue firme en lo general.
En términos de política pública, lo que ocurrió no es menor. Mantener la revocación en 2028 implica conservar las reglas actuales del calendario electoral, evitando mezclar una consulta ciudadana con una elección constitucional. Para unos, es una defensa de la democracia; para otros, una oportunidad perdida de ampliar la participación.
Lo cierto es que, más allá de los discursos, el episodio refleja cómo cada ajuste electoral en México se convierte en una batalla política de alto nivel, donde lo que está en juego no solo son leyes, sino las condiciones bajo las cuales se disputa el poder.