Por Bruno Cortés
La discusión sobre la reforma electoral apenas comienza y ya encendió las alertas en la oposición. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, fue directo: su bancada no acompañará el proyecto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque considera que debilita a las instituciones electorales y reduce el espacio de la oposición en el Congreso.
En términos sencillos, lo que está en debate son las reglas con las que se eligen diputados, senadores y la propia Presidencia. Cambiar una reforma electoral no es como modificar un trámite administrativo; es alterar el tablero completo donde compiten los partidos. Por eso, Moreira sostiene que no se trata de un ajuste técnico, sino de una transformación que podría inclinar la balanza hacia quienes hoy tienen mayoría.
Uno de los puntos que más preocupa al PRI es la propuesta de reducir en 25 por ciento el financiamiento público a partidos y órganos electorales. En el discurso suena atractivo: menos dinero a la política. Pero el argumento priista es que esos recursos sostienen la operación del árbitro electoral y garantizan que todos compitan con reglas parejas. Si el recorte es profundo, advierten, el árbitro —es decir, el INE— podría quedar debilitado y con menos capacidad para organizar elecciones confiables.
Otro tema clave es la posible desaparición o modificación de las listas de representación proporcional, conocidas como plurinominales. Este mecanismo permite que partidos que no ganan distritos por mayoría directa tengan presencia en el Congreso según el porcentaje de votos obtenidos. En palabras simples: es una forma de que las minorías tengan voz. El PRI argumenta que eliminar o reducir esta figura concentraría aún más el poder en las mayorías y limitaría el pluralismo.
Moreira calificó la propuesta como una “manzana envenenada”, al considerar que abrir la discusión permitiría a la mayoría legislativa mover sus números para aprobar cambios que, desde su perspectiva, dañan el equilibrio democrático. También advirtió sobre prácticas que podrían surgir si se elimina la representación proporcional, como esquemas de votación que favorezcan el control absoluto de las cámaras.
En el fondo, el debate no es solo presupuestal ni técnico. Es una discusión sobre cómo se distribuye el poder político en México. Reducir recursos puede interpretarse como austeridad, pero también puede afectar la competencia; modificar la fórmula de representación puede simplificar el sistema, pero también excluir voces.
El PRI adelantó que no discutirá ni votará la iniciativa en los términos planteados. Confía en que otros partidos aliados del oficialismo analicen con cuidado el impacto institucional de los cambios. La reforma, aún sin texto definitivo, ya abrió una confrontación clara entre quienes la ven como modernización y quienes la consideran un riesgo para la democracia.
Así, mientras el Ejecutivo prepara el envío formal al Congreso, el ambiente político se tensa. Lo que está en juego no es solo una ley más, sino las reglas con las que se elegirá a quienes toman decisiones en el país durante los próximos años.