Por Bruno Cortés
Después de más de doce horas de debate, pancartas, reclamos y 121 oradores en tribuna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiguió una votación prácticamente arrolladora: 469 votos a favor en lo general y 411 en lo particular, frente a 58 en contra.
Para ponerlo en términos sencillos: México llevaba 109 años con una jornada máxima de 48 horas. Eso significa trabajar seis días a la semana ocho horas diarias. Con esta reforma, el objetivo es bajar ese límite a 40 horas, es decir, reducir el tiempo legal que una persona puede trabajar sin que se considere tiempo extra. Pero el cambio no será de golpe.
Aquí está uno de los puntos que más polémica generó: la reducción será gradual. En 2027 la jornada bajará a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y hasta 2030 quedará en 40 horas semanales. El 2026 será un año de transición para que empresas ajusten contratos, turnos y nóminas.
La oposición —principalmente legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— acusó que se trata de una reforma incompleta porque no se estableció en la Constitución la obligación de otorgar dos días de descanso por cada cinco trabajados. El dictamen mantiene que por cada seis días laborales habrá uno de descanso con goce íntegro de salario. Es decir, la reducción es en horas, no necesariamente en días.
Durante la discusión se presentaron más de un centenar de reservas. Se intentó incluir dos días de descanso obligatorio y elevar a rango constitucional el aguinaldo de 15 días, pero esas propuestas fueron rechazadas. Finalmente, se aprobó que el pago por horas extraordinarias sea del 200 por ciento respecto al salario normal y que el límite semanal suba de nueve a doce horas extra. También se prohibió que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
En términos económicos, la reforma abre un debate clave: ¿menos horas implican mayor productividad o mayores costos? El gobierno sostiene que mejorar el equilibrio entre vida y trabajo impacta positivamente en salud y desempeño. La oposición advierte que puede haber presión sobre pequeñas y medianas empresas o un uso más frecuente de horas extra.
El texto establece que no habrá reducción de salarios ni pérdida de prestaciones. Se trabajarán menos horas por el mismo sueldo, al menos en el papel.
El siguiente paso es la ratificación por al menos 17 congresos estatales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si el proceso avanza sin cambios, la reducción comenzará el 1 de enero de 2027 y concluirá en 2030.
Más allá del choque político en tribuna, el fondo es claro: México inicia una transición histórica en su modelo laboral.