En sesión del Pleno realizada el 20 de febrero de 2026, las y los legisladores avalaron la propuesta impulsada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario de Morena, con el objetivo de establecer reglas claras para el ingreso de mascotas a las instalaciones del Poder Legislativo local.
De acuerdo con el resolutivo aprobado, la Oficialía Mayor deberá analizar e implementar los lineamientos correspondientes en coordinación con el Comité de Atención Ciudadana. La medida contempla tanto los cuatro edificios centrales del Congreso como los 66 módulos legislativos de atención ciudadana distribuidos en la capital.
El acuerdo parte del reconocimiento de que actualmente no existen disposiciones homogéneas que regulen el acceso de animales de compañía a las sedes legislativas, lo que genera discrecionalidad y posibles conflictos entre usuarios y personal de seguridad. Con esta acción, el Congreso busca cerrar la brecha entre la norma constitucional y la práctica administrativa.
El sustento jurídico de la medida se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de las autoridades de garantizar su protección, trato digno y respetuoso. Bajo este marco, el Poder Legislativo también está obligado a adecuar sus políticas internas a los principios de bienestar animal.
Si bien el punto de acuerdo no detalla aún los criterios específicos, se anticipa que los lineamientos deberán contemplar medidas relacionadas con el uso de correa, control sanitario, responsabilidad de los tutores y restricciones en áreas sensibles, con el fin de salvaguardar tanto a las personas usuarias como al personal que labora en el recinto.
Experiencias en otros espacios públicos de la capital han demostrado que la convivencia entre personas y animales de compañía es viable cuando existen protocolos claros y supervisión adecuada. No obstante, especialistas en administración pública advierten que la efectividad de la medida dependerá de la precisión normativa y de su correcta implementación.
Con esta decisión, el Congreso capitalino envía una señal política alineada con la agenda de derechos y bienestar animal, aunque el reto inmediato será traducir el acuerdo en reglas operativas que garanticen equilibrio entre accesibilidad, seguridad institucional y respeto a los derechos de terceros.