Por Juan Pablo Ojeda
La organización Artículo 19 México y Centroamérica denunció ocho agresiones contra reporteros durante los actos de violencia registrados en distintos estados del país, principalmente en Jalisco, Michoacán y Colima, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
A través de su cuenta en X, la organización detalló que documentó ocho ataques contra la prensa: dos en Guanajuato, dos en Jalisco, dos en Tamaulipas, uno en Michoacán y uno más en Sinaloa. Además, informó que investiga un caso adicional ocurrido en Nayarit.
Según el colectivo, las agresiones estarían vinculadas a grupos del crimen organizado o a sujetos no identificados que operaron en el contexto de bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros hechos violentos que se registraron tras la confirmación de la muerte del líder criminal.
En un segundo posicionamiento, Artículo 19 subrayó el papel esencial que desempeña el periodismo en escenarios de alta tensión. Señaló que la labor informativa permite a la ciudadanía tomar decisiones conscientes sobre su propia seguridad, especialmente cuando circula información fragmentada o rumores en redes sociales.
La organización hizo un llamado directo a las autoridades federales y estatales para que cumplan con su obligación de garantizar la protección de periodistas y generar condiciones efectivas para la libertad de expresión. Insistió en que la prevención no es opcional y que el Estado debe actuar de manera coordinada ante contextos de riesgo.
Asimismo, exhortó a los propios medios de comunicación a reforzar y activar protocolos de seguridad para sus reporteros, particularmente aquellos que cubren hechos de violencia o crimen organizado, donde la exposición al peligro es mayor.
Artículo 19 informó que continuará monitoreando tanto el desarrollo de los hechos violentos como la cobertura informativa en las distintas entidades afectadas, y pidió a periodistas que hayan sido víctimas de agresión que se pongan en contacto a través de sus canales oficiales.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del gremio periodístico en México, uno de los países con mayores riesgos para ejercer el oficio, especialmente cuando la cobertura involucra temas de seguridad y crimen organizado.