Por Juan Pablo Ojeda
La presunta privación ilegal de la libertad y posterior asesinato del hijo de Jorge Luis Preciado, exsenador y excandidato a la gubernatura de Colima, generó una fuerte conmoción en el entorno político regional y abrió un escenario de incertidumbre institucional entre autoridades de dos estados.
De acuerdo con reportes recibidos por legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN), el joven habría sido secuestrado a inicios de febrero en el municipio de Minatitlán, Colima. Días después, el hallazgo de una camioneta en San Pedro Toxín, comunidad perteneciente al municipio de Tolimán, Jalisco —zona limítrofe con Colima— fue vinculado por fuentes partidarias con el caso.
La información comenzó a circular entre legisladores el 14 de febrero, cuando se les notificó que el vehículo localizado podría estar relacionado con el hijo del exsenador. Sin embargo, la narrativa tomó un giro distinto tras las declaraciones de autoridades estatales.
El fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que en San Pedro Toxín fue encontrada una camioneta incendiada cuya propiedad no había podido establecerse al momento de su declaración. Subrayó además que, contrario a las versiones difundidas, no se localizaron restos humanos en el interior del vehículo calcinado.
Esta discrepancia entre lo reportado por fuentes panistas y lo declarado por la Fiscalía jalisciense mantiene el caso en un terreno de incertidumbre. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la identidad de alguna víctima ni sobre la relación del vehículo con el entorno familiar de Preciado.
En paralelo, el propio Jorge Luis Preciado difundió el 15 de febrero un mensaje público dirigido a su esposa en el que expresó atravesar “uno de los días más tristes” de su vida. Aunque el texto reflejó un profundo dolor personal, no hizo referencia explícita al presunto secuestro ni confirmó información alguna sobre su hijo.
El caso también activó un despliegue de fuerzas federales en la zona, incluidos sobrevuelos de helicópteros y presencia del Ejército, aunque el hallazgo del vehículo ocurrió días después de los primeros reportes sobre el presunto secuestro.
San Pedro Toxín representa un punto geográfico sensible por su cercanía con Colima. En regiones fronterizas como esa, la delimitación de competencias entre fiscalías estatales suele complicar la investigación de delitos graves, especialmente cuando los hechos presuntamente se originan en un estado y los indicios aparecen en otro.
A ello se suma el contexto de violencia que enfrentan municipios rurales como Minatitlán, Colima, donde en los últimos años se han registrado diversos episodios vinculados al crimen organizado y disputas territoriales.
Las fiscalías de Jalisco y Colima mantienen abiertas las investigaciones. Mientras tanto, la falta de confirmación oficial sobre la identidad de la víctima y la ausencia de evidencia pública concluyente contrastan con las versiones partidarias que apuntan a un desenlace fatal.
El caso permanece bajo investigación y a la espera de una postura formal de ambas autoridades estatales que permita esclarecer los hechos y disipar la confusión generada en el ámbito político y social.