Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de Perú aseguró que no contempla ingresar por la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada tras ser condenada a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
El canciller peruano, Hugo de Zela, reiteró que la postura del Ejecutivo es firme y clara: no se repetirá un escenario similar al ocurrido en 2024 en Ecuador, cuando fuerzas de seguridad ingresaron a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Según explicó, una acción de ese tipo vulneraría principios básicos del derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Desde que México concedió asilo político a Betssy Chávez, las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron al punto de romperse a nivel bilateral. Como medida transitoria, Perú aceptó que Brasil asumiera la protección de las sedes diplomáticas mexicanas en territorio peruano.
El canciller señaló que el Gobierno peruano ha llevado el caso al ámbito multilateral y mantiene consultas dentro de la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático. Para Lima, el otorgamiento de asilo a Chávez desvirtúa el espíritu del acuerdo, al tratarse —según su interpretación— de una persona condenada por delitos comunes y no por persecución política.
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Mientras se desarrolla este proceso de consultas, Perú ha condicionado la entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país rumbo a México sin ser detenida por las autoridades. El caso se mantiene así en un limbo jurídico-diplomático, en el que se cruzan la soberanía del Estado peruano y la potestad mexicana de conceder asilo.
Betssy Chávez fue hallada culpable del delito de conspiración para la rebelión, al considerarse que tuvo participación directa en el mensaje emitido por el entonces presidente Pedro Castillo el 5 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial. El intento fracasó y derivó en la detención inmediata de Castillo, quien buscaba dirigirse a la Embajada de México, donde su familia fue asilada ese mismo día.
El caso Chávez se ha convertido en un nuevo foco de tensión regional, al reabrir el debate sobre los límites del asilo diplomático en América Latina y su uso en contextos de crisis política.