El incidente ocurrió sobre avenida Cuauhtémoc, donde un ciclista comenzó a grabar a la legisladora mientras circulaba cerca de su vehículo. En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa a Sánchez Barrios haciendo una señal conocida popularmente como “barrioseñal”, lo que generó críticas por su comportamiento y por el aparente uso de escolta oficial en una falta al reglamento de tránsito.
De acuerdo con la versión de la diputada, el ciclista la siguió durante varios metros mientras la grababa con el rostro parcialmente cubierto por una gorra y un cubrebocas. Esta situación, explicó, detonó una reacción de miedo al recordarle el ataque armado que vivió en el Centro Histórico en 2024, donde recibió cinco impactos de bala y en el que dos de sus acompañantes perdieron la vida.
En un comunicado difundido por su equipo y en una entrevista radiofónica, Sánchez Barrios reconoció que su reacción “no fue correcta” y ofreció una disculpa por el gesto realizado. No obstante, insistió en que se sintió acosada y vulnerable debido a que continúa bajo medidas de protección, mientras los responsables del atentado aún no reciben una sentencia definitiva.
La legisladora negó haber intentado agredir físicamente al ciclista o causarle daño alguno, y sostuvo que su actuar no tuvo la intención de violentar a un ciudadano. Asimismo, afirmó que seguirá desempeñando sus funciones legislativas pese a las secuelas emocionales que arrastra tras el ataque.
Sin embargo, el episodio abrió un debate público sobre el comportamiento de servidores públicos en el espacio urbano y el uso de escoltas y patrullas oficiales. Diversos sectores ciudadanos cuestionaron no solo el gesto obsceno, sino la percepción de prepotencia y abuso de poder, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige mayor respeto a la legalidad y al trato digno entre autoridades y población.
Especialistas en movilidad y derechos urbanos señalaron que ningún cargo público justifica actitudes intimidatorias hacia peatones o ciclistas, quienes suelen encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad vial. Recordaron que los representantes populares están obligados a conducirse con apego a la ley y a los principios de responsabilidad y ejemplaridad.
El Congreso de la Ciudad de México no ha informado hasta el momento si se iniciará algún procedimiento interno por el incidente, mientras que autoridades de tránsito tampoco han confirmado si existió una infracción formal por el presunto cruce de semáforo en rojo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el propio Congreso local han reiterado en distintos pronunciamientos la importancia de la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos en el ejercicio de la función pública.