Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió a defender el nuevo procedimiento obligatorio para vincular los números de teléfonos celulares con la identidad de personas físicas o morales, una medida que entró en vigor el pasado 9 de enero como parte de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión.
En medio de quejas ciudadanas por fallas técnicas, problemas de seguridad y complicaciones logísticas en los portales de distintas compañías telefónicas, la mandataria explicó que el registro se realiza directamente con las empresas y no con el gobierno. Según detalló, las telefónicas son las encargadas de resguardar la información de los usuarios.
Sheinbaum precisó que el objetivo del registro es facilitar la investigación de delitos cometidos mediante llamadas o mensajes, y que el acceso a los datos no es generalizado. “Si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de Procuración de Justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito”, explicó durante su conferencia de prensa.
Ante los señalamientos por una posible vulneración de datos personales, la presidenta fue enfática en deslindar al gobierno de cualquier falla de seguridad. Aseguró que la protección de la información es responsabilidad directa de las empresas telefónicas y que cualquier incidente debe ser atendido por ellas.
La jefa del Ejecutivo reiteró que las autoridades solo pueden acceder a los datos en el marco de una investigación formal y cuando exista una relación directa entre el número registrado y la comisión de un delito. Con ello, insistió, se busca fortalecer la seguridad sin invadir la privacidad de los usuarios que cumplen con la ley.